Brasil podría convertirse en uno de los primeros países en reforzar la protección de los consumidores de videojuegos digitales. La diputada federal Jandira Feghali presentó un proyecto de ley inspirado directamente en el movimiento Stop Killing Games, cuyo objetivo es evitar que los juegos en línea desaparezcan por completo cuando sus servidores oficiales dejan de funcionar.
La propuesta establece que las editoras deberán informar claramente, desde el momento de la compra, si un juego depende de servidores en línea para funcionar. Además, tendrían la obligación de indicar un período mínimo de soporte, que no podrá ser inferior a dos años desde el lanzamiento del juego en Brasil.
El proyecto también obliga a las compañías a notificar el cierre de los servidores con al menos 180 días de anticipación, utilizando diversos canales de comunicación, incluyendo avisos dentro del propio juego, redes sociales oficiales y otros medios para garantizar que todos los jugadores sean informados.
Una vez finalizado el soporte oficial, las editoras tendrían que elegir una de tres alternativas: publicar una actualización que permita jugar sin conexión, entregar herramientas para que la comunidad mantenga el juego activo por su cuenta o reembolsar proporcionalmente a los usuarios, tomando en cuenta el tiempo que hayan invertido en el título. El incumplimiento de estas medidas podría derivar en multas económicas.
El proyecto aún debe superar varias etapas del proceso legislativo antes de convertirse en ley, pero llega en un momento especialmente sensible para la industria, tras la decisión de Sony de dejar de producir juegos físicos para PlayStation a partir de 2028. De hecho, la diputada federal Erika Hilton también solicitó una investigación contra Sony Interactive Entertainment por su transición hacia un ecosistema completamente digital.
En el documento, Hilton sostiene que el plan de Sony podría limitar derechos asociados a la propiedad de los juegos físicos, como revenderlos, prestarlos o contribuir a su preservación. Además, argumenta que la estrategia no considera regiones de Brasil donde el acceso a Internet de alta velocidad sigue siendo limitado, obligando a muchos usuarios a depender de las tiendas físicas y del mercado de segunda mano.
La legisladora también considera que la estrategia de Sony podría contravenir varios artículos del Código de Protección al Consumidor de Brasil, por lo que pidió que el caso sea analizado por Senacon, la autoridad gubernamental encargada de defender los derechos de los consumidores. Aunque el proceso apenas comienza y podría tomar tiempo, el debate refleja cómo la preservación de los videojuegos y los derechos de los jugadores están comenzando a ganar espacio dentro de la agenda política.
Mientras tanto, PlayStation continúa enfrentando una fuerte reacción de la comunidad, con numerosos jugadores criticando la decisión de abandonar los juegos físicos y expresando su descontento en las redes sociales de la compañía. La evolución de estas iniciativas legislativas podría influir en el futuro de la distribución digital no solo en Brasil, sino también en otros mercados que siguen de cerca este tipo de propuestas.
