Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, ha adquirido alrededor del 5% de las acciones de Capcom a través de una de sus firmas de inversión. Según reportes del medio japonés Gamebiz, la operación se realizó mediante Electronic Gaming Development Company (EGDC), que compró 26.788.500 acciones, equivalentes aproximadamente al 5,03% del total de la compañía.
La empresa EGDC es una subsidiaria de la Misk Foundation, también conocida como la Fundación Mohammed Bin Salman, creada por el propio príncipe heredero. Esta organización se ha convertido en uno de los principales vehículos de inversión del país en la industria global del videojuego durante los últimos años.
No es la primera vez que el reino saudí invierte en el sector. En 2022, la misma compañía adquirió el 96% del estudio japonés SNK, obteniendo control total del desarrollador responsable de franquicias como The King of Fighters y Fatal Fury. Además, ese mismo año el país también compró otro 5% de acciones de Capcom a través del Public Investment Fund, aunque se cree que esta nueva participación es independiente de aquella operación.
De acuerdo con el reporte, el objetivo de esta nueva compra sería puramente financiero, buscando beneficios mediante ganancias de capital y dividendos. Aun así, la operación forma parte de una estrategia más amplia de Arabia Saudita para aumentar su presencia en la industria global del gaming.
Uno de los movimientos más ambiciosos dentro de esta estrategia es la posible adquisición de Electronic Arts, que podría concretarse a mediados de 2026. De cerrarse el acuerdo, valorado en aproximadamente 55 mil millones de dólares, el fondo soberano saudí pasaría a controlar más del 93% de la compañía.
Las autoridades saudíes han defendido estas inversiones señalando que forman parte de un plan para modernizar la economía del país y diversificarla más allá del petróleo. Sin embargo, estas iniciativas también han generado controversia internacional debido a las críticas sobre el historial de derechos humanos del país, incluidas acusaciones contra el propio Mohammed bin Salman relacionadas con el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, así como denuncias por restricciones a activistas y a los derechos de la comunidad LGBTQ+.
