Nintendo ha respondido oficialmente a la demanda colectiva presentada por varios consumidores en Estados Unidos, quienes exigen un reembolso si la compañía recupera el dinero que pagó debido a los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense en 2025. La empresa ha solicitado que el caso sea desestimado y sostiene que no tiene obligación de devolver dinero a los compradores.
La polémica comenzó cuando Nintendo incrementó el precio de algunos de sus productos alegando el impacto de los aranceles. Sin embargo, tras un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegales dichos aranceles, varias compañías —incluida Nintendo— iniciaron acciones legales para recuperar los costos que asumieron durante ese período.
Los demandantes sostienen que, si Nintendo recibe un reembolso por esos gastos, también debería compensar a los consumidores que pagaron precios más altos. No obstante, la compañía rechaza esa interpretación y argumenta que los clientes «recibieron exactamente lo que pagaron», por lo que no tienen derecho a un reembolso simplemente porque la situación legal de los aranceles haya cambiado posteriormente.
En su presentación judicial, Nintendo también afirma que las transacciones comerciales no funcionan de manera retroactiva, y que no existe ninguna obligación de modificar el precio de ventas ya completadas. Además, recuerda que los aumentos relacionados con los aranceles afectaron principalmente a la Switch original y a los accesorios de Switch 2, mientras que el incremento en el precio de la consola Switch 2 se debió al aumento en el costo de la memoria RAM, y no a los aranceles.
Aunque muchos consideran que los consumidores tienen un argumento válido, la situación es más compleja de lo que parece. Los costos adicionales derivados de los aranceles no fueron trasladados íntegramente al comprador, sino que se distribuyeron a lo largo de toda la cadena de suministro, lo que dificulta calcular cuánto dinero debería devolverse en caso de que Nintendo obtenga una compensación.
En última instancia, el caso pone de relieve la postura empresarial de Nintendo, que prioriza la rentabilidad sobre cualquier posible devolución a los consumidores. Incluso si la compañía recupera parte del dinero perdido por los aranceles, todo indica que no reducirá retroactivamente sus precios, una práctica que también podría repetirse con otros factores, como el eventual descenso en el costo de componentes como la memoria RAM.
