El proyecto de ley Protect Our Games Act, que buscaba evitar que los videojuegos de pago dejaran de ser jugables tras el cierre de sus servidores, no logró avanzar en el Senado del estado de California. La iniciativa pretendía proteger a los consumidores y garantizar que los juegos siguieran siendo accesibles incluso después de que sus servicios en línea fueran descontinuados.
La propuesta había sido presentada por el asambleísta Chris Ward y previamente había obtenido el visto bueno de la Asamblea Estatal de California, donde fue aprobada por 43 votos a favor y 16 en contra. Sin embargo, aún debía superar una nueva votación en el Senado antes de continuar su proceso legislativo.
Finalmente, el proyecto fue rechazado en esa instancia. Según explicó el movimiento Stop Killing Games, cuatro senadores demócratas votaron a favor, tres republicanos en contra y el resto optó por abstenerse. Aunque las abstenciones puedan parecer neutrales, los organizadores señalaron que, en este tipo de comités, tienen el mismo efecto práctico que un voto negativo, ya que la propuesta necesitaba una mayoría de votos afirmativos para seguir avanzando.
Los responsables de la campaña destacaron que esta fue su primera iniciativa legislativa en Estados Unidos y que la llevaron adelante sin presupuesto, sin personal remunerado y sin actividades de lobby presenciales. Aun así, consideran que el resultado demuestra que existe interés por impulsar una legislación que proteja los derechos de los jugadores.
El grupo también acusó a la Entertainment Software Association (ESA) de realizar una intensa campaña de presión sobre los legisladores. Según los activistas, la organización habría difundido argumentos engañosos o directamente falsos, incluyendo la afirmación de que permitir servidores privados para mantener vivos algunos juegos sería ilegal.
Pese al revés, Stop Killing Games aseguró que no abandonará la iniciativa. El movimiento confirmó que volverá a presentar proyectos similares en futuras sesiones legislativas, esta vez con mayor financiación, presencia directa en los procesos legislativos y el apoyo de más organizaciones y desarrolladores. Además, también planea impulsar propuestas en otros estados e incluso a nivel federal.
De haber sido aprobada, la ley habría obligado a las compañías a avisar con al menos 60 días de anticipación antes de cerrar los servidores de un juego de pago. También tendrían que informar la fecha exacta del cierre, las funciones que dejarían de estar disponibles, los posibles riesgos de seguridad y las opciones que tendrían los usuarios para seguir utilizando el producto o solicitar un reembolso.
Además, las editoras estarían obligadas a ofrecer una solución para preservar el acceso al juego, ya fuera mediante una versión que funcionara sin conexión, una actualización que eliminara la dependencia de los servidores o el reembolso completo del dinero pagado por los jugadores.
Uno de los casos que inspiró esta propuesta fue Babylon’s Fall, un título de 60 dólares cuyos servidores fueron cerrados apenas un año después de su lanzamiento. En contraste, MultiVersus fue citado como un ejemplo positivo: antes de su cierre en 2025, Warner Bros. distribuyó una actualización que permitió a quienes habían iniciado sesión previamente seguir disfrutando del juego sin conexión, conservando todo el contenido desbloqueado y adquirido.
