Rockstar Games enfrenta una nueva controversia legal luego de que varios miembros del Parlamento escocés acusaran a la compañía de obstaculizar procesos judiciales relacionados con presuntas prácticas antisindicales. El caso gira alrededor del despido de empleados ocurrido en noviembre de 2025, situación que ha provocado fuertes críticas por parte de sindicatos y representantes políticos del Reino Unido.
Según un comunicado publicado por la Independent Workers’ Union of Great Britain, los parlamentarios Chris Murray, Dr. Scott Arthur y Tracy Gilbert solicitaron oficialmente que Rockstar ofrezca mayor transparencia y cooperación durante el proceso legal. Los representantes consideran preocupante la forma en que la empresa ha manejado el conflicto laboral y aseguran que no ha existido una comunicación adecuada con los trabajadores afectados.
Chris Murray señaló específicamente que existen serias dudas sobre cómo Rockstar gestionó los despidos, mientras que Tracy Gilbert criticó duramente la falta de diálogo con el personal y las organizaciones sindicales. La parlamentaria afirmó que los trabajadores merecen procesos de apelación justos y la posibilidad de ser escuchados, especialmente cuando sus derechos laborales y medios de vida están en juego.
Gilbert también expresó su decepción por el silencio que, según ella, la compañía ha mantenido frente a las solicitudes de transparencia. Para la representante política, resulta inaceptable que empleados que exigen justicia, respeto y claridad sean recibidos con “puertas cerradas” y ausencia total de respuestas por parte de una de las compañías más importantes de la industria gaming.
Por su parte, Alex Marshall, presidente del sindicato IWGB, aseguró que los trabajadores afectados han enfrentado seis meses de “obstrucción legal corporativa” por parte de Rockstar Games. Según Marshall, cuando la empresa despidió a 31 miembros del sindicato sin previo aviso, el gremio sospechó inmediatamente que se trataba de una maniobra antisindical, y sostiene que la actitud de la compañía durante el proceso legal solo ha reforzado esa percepción.
Marshall también acusó a Rockstar de actuar como si estuviera por encima de la ley sindical británica. Según explicó, las múltiples solicitudes de cooperación —incluyendo reuniones presenciales y pedidos de acceso a las pruebas relacionadas con los despidos— habrían sido ignoradas completamente. Además, afirmó que cuando la empresa finalmente responde, sus versiones cambian constantemente y terminan contradiciéndose entre sí.
La situación incluso llegó hasta el gobierno británico meses atrás, cuando el caso fue presentado ante el primer ministro Keir Starmer durante una sesión parlamentaria. En aquel momento, Starmer calificó el asunto como “profundamente preocupante” y aseguró que sus ministros investigarían las acciones de Rockstar. El mandatario también reiteró que todos los trabajadores tienen derecho a formar parte de sindicatos sin sufrir represalias, en medio de una polémica que continúa escalando alrededor de una de las compañías más importantes de la industria de los videojuegos.
