El mes pasado, tanto la Cámara de Representantes como el Senado de los Estados Unidos aprobaron una prohibición contra TikTok, la cual fue luego firmada por el presidente Joe Biden. La ley otorga a ByteDance un plazo de 270 días para desinvertir en TikTok, con la posibilidad de una extensión de 90 días.
En lugar de buscar un nuevo dueño para la empresa, ByteDance ha presentado una petición ante el tribunal federal para anular la prohibición. En dicha petición, ByteDance argumenta que la prohibición es «inconstitucional» y afirma que una desinversión sería imposible; según la petición, esto llevaría a la desaparición de TikTok a principios del próximo año.
Según lo expresado por TikTok, la versión original de la prohibición, aprobada por la Cámara de Representantes en marzo, no llegó al Senado debido a preocupaciones sobre el plazo original propuesto, el cual solo habría dado a ByteDance 165 días para vender la empresa. No fue hasta que se aumentó el plazo que los reticentes, como la senadora demócrata Maria Cantwell de Washington, accedieron a votar a favor de la prohibición. Sin embargo, ByteDance argumenta que incluso este plazo extendido no es suficiente.
La petición de ByteDance continúa argumentando que, incluso si fuera posible, la prohibición seguiría siendo inconstitucional. Uno de los motivos de oposición del gobierno de Estados Unidos a TikTok son los supuestos vínculos de la empresa con el gobierno chino. ByteDance afirma que si la ley se mantiene, daría al Congreso el poder de «eludir la Primera Enmienda mediante la invocación de la seguridad nacional», lo que podría utilizarse contra periódicos y sitios web. En esencia, ByteDance argumenta que este poder podría ser ampliamente utilizado como un arma contra cualquier plataforma que el Congreso considere una amenaza de seguridad, incluso si no hay suficiente evidencia para demostrarlo.
La demanda fue presentada en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Aún no se sabe cómo se desarrollará esto, pero la determinación de la constitucionalidad debería retrasar aún más la prohibición propuesta.
