El debate internacional en torno a la propiedad de los videojuegos digitales ha sumado un nuevo actor institucional después de que el senador mexicano Luis Donaldo Colosio Riojas y la diputada federal Iraís Reyes impulsaran una iniciativa legislativa para blindar los derechos de los consumidores en el país.
La propuesta, anunciada a través de las redes sociales por el presidente de la Comisión de Derechos Digitales del Senado mexicano, busca obligar a las compañías tecnológicas a clarificar de forma transparente si los usuarios adquieren un producto definitivo o una simple licencia revocable de uso.
Entre los puntos clave de la normativa destacan la exigencia de garantizar mecanismos de preservación digital para que los jugadores puedan seguir disfrutando de sus títulos favoritos incluso después del cierre definitivo de los servidores oficiales por parte de las editoras.
Asimismo, la iniciativa exige una mayor responsabilidad corporativa al obligar a las empresas extranjeras de distribución digital a contar con un domicilio fiscal en territorio mexicano, facilitando así la intervención de las autoridades locales ante cualquier conflicto o vulneración de los derechos de compra.
Este movimiento legislativo se enmarca en una creciente ola de presión global contra el paso al formato exclusivamente digital —impulsada tras los recientes movimientos de Sony de eliminar el soporte para discos físicos y las quejas de colectivos ante los reguladores internacionales—, buscando reequilibrar la balanza entre la industria y los jugadores.
