La disputa legal entre Krafton y los cofundadores de Unknown Worlds —Charlie Cleveland, Ted Gill y Max McGuire— comenzó cuando estos acusaron a la editora de retrasar deliberadamente el lanzamiento en acceso anticipado de Subnautica 2 para evitar pagarles 250 millones de dólares en incentivos. La demanda sostiene que el retraso fue parte de una estrategia para incumplir las condiciones de pago vinculadas a objetivos de ingresos.
En su respuesta judicial, Krafton acusó a los cofundadores de ser los responsables del estado inacabado del juego, alegando que “buscan un pago multimillonario que no han ganado” en lugar de trabajar para cumplir con los requisitos. Según la editora, los tres se presentaron como piezas clave del éxito de Unknown Worlds durante la adquisición, lo que llevó a ofrecerles un incentivo de 250 millones para continuar en el estudio.
No obstante, Krafton sostiene que el plan “se vino abajo rápidamente”: Cleveland y McGuire, que recibieron casi 200 millones cada uno, y Gill, que obtuvo 60 millones, habrían perdido interés en el desarrollo. Cleveland y McGuire habrían abandonado sus cargos de Director de Juego y Director Técnico para centrarse en proyectos personales, mientras Gill se habría enfocado en maximizar el incentivo económico.
Para respaldar estas acusaciones, Krafton presentó declaraciones en las que Cleveland admite que ya no trabajaba en Subnautica 2 y que estaba enfocado en hacer películas, mientras que McGuire reconocía trabajar en proyectos ajenos al estudio. Además, la editora acusa a los tres de descargar en secreto grandes volúmenes de información confidencial, violando el acuerdo de adquisición. Afirma también que su insistencia en un lanzamiento anticipado se debía únicamente a su interés por asegurar el cobro del incentivo.
Según Krafton, durante todo el desarrollo, los empleados clave se centraron en “evitar un calendario que arruinara la oportunidad de cobro” y no en la calidad del juego. Subnautica 2 debía llegar este año en acceso anticipado, pero se retrasó por “falta de liderazgo”. Este retraso, según los demandantes, es la causa directa de la disputa legal actual, que sigue en curso.
