La polémica en torno a Rockstar Games ha escalado después de que la compañía despidiera a más de 30 empleados, acción que varios grupos han descrito como prácticas antisindicales. Ahora, el gobierno del Reino Unido ha entrado en escena. Durante una sesión de preguntas al primer ministro, el parlamentario Chris Murray planteó directamente el caso ante Sir Keir Starmer.
Murray denunció que Rockstar despidió a 31 trabajadores sin pruebas ni representación sindical, señalando que el sindicato IWGB acusa a la empresa de union busting. Tras reunirse con la compañía, afirmó no haber recibido garantías de que se estuviera cumpliendo la ley laboral.
El parlamentario preguntó si, dado el compromiso del gobierno con el aumento de los derechos laborales, el primer ministro coincidía en que todas las empresas deben respetar la ley laboral británica y garantizar que todo trabajador pueda afiliarse a un sindicato.
Starmer respondió reafirmando que los trabajadores tienen derecho a unirse a un sindicato y calificó el caso como «profundamente preocupante». Aunque no prometió una acción inmediata, señaló que los ministros investigarán las acciones de Rockstar y mantendrán informado a Murray.
Cuando surgieron las primeras denuncias, Rockstar argumentó que los despidos se debieron a “mala conducta grave”, posición respaldada por su empresa matriz, Take-Two. Sin embargo, el presidente de IWGB, Alex Marshall, calificó la decisión como una «acción descarada y despiadada de antisindicalismo», acusando a la compañía de despreciar tanto la ley como a los trabajadores.
Informes recientes indican que la supuesta «mala conducta» se relacionaba con que los empleados usaban un canal de Discord para hablar de condiciones laborales y temas sindicales tras la eliminación de varios canales internos en Slack. Desde los despidos, los trabajadores afectados y el IWGB han estado protestando frente a varios estudios de Rockstar en el Reino Unido.
