El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ciertos dispositivos tecnológicos como smartphones y computadoras estarán exentos de sus nuevos aranceles, pero las consolas de videojuegos, incluyendo la esperada Nintendo Switch 2, no gozarán de esta exención. Esto marca una diferencia clave en el trato a los distintos sectores tecnológicos afectados por las tarifas a las importaciones.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detalló que algunos productos estarán exentos del arancel global del 10% y del impuesto específico a las importaciones provenientes de China. Esto busca mitigar un posible aumento masivo en los precios de productos tecnológicos, que se esperaba debido a la alta dependencia de componentes y ensamblaje en Asia.
Gracias a estas exenciones, el impacto en los precios de smartphones y laptops será menor al previsto. Originalmente se estimaba que estos productos podrían encarecerse en cientos de dólares. No obstante, las consolas de videojuegos no recibieron el mismo trato, a pesar de compartir una cadena de producción similar.
La decisión de excluir consolas y accesorios relacionados de la lista de exentos no ha sido explicada, lo que genera incertidumbre en el sector. La mayoría de estas consolas se fabrican en China, Vietnam y otros países también sujetos a las nuevas tarifas, lo que podría repercutir directamente en sus precios finales.

Trump impuso un arancel general del 10% a todas las importaciones, con tarifas aún más altas para países como Vietnam (46%), de donde proviene gran parte del hardware de Nintendo. Ante esta situación, Nintendo trasladó su producción de la Switch 2 a Vietnam y ha tenido que retrasar las preventas en EE. UU. y Canadá mientras evalúa el impacto económico.
Aunque Trump pausó temporalmente otras alzas arancelarias por 90 días, manteniendo solo el 10% general, persiste la amenaza de aumentos que afectarían directamente a la industria del videojuego. La ESA ya advirtió que estas medidas tendrán un impacto real y negativo en el sector si se aplican tarifas superiores al 10%, como las previstas para países clave en la producción de consolas.





