Una audiencia preliminar del tribunal laboral comenzó esta semana para analizar el caso de varios desarrolladores recientemente despedidos de Rockstar Games, mientras su sindicato busca una medida de alivio provisional que les permita recibir apoyo económico durante el proceso legal.
A finales del año pasado, Rockstar despidió a más de 30 empleados en el Reino Unido y Canadá, argumentando únicamente que la decisión se debió a “conducta grave”. Sin embargo, el Independent Workers’ Union of Great Britain (IWGB) sostiene que los despidos están relacionados con la actividad sindical de los trabajadores.
Según el IWGB, los empleados fueron despedidos por formar parte de un canal de Discord del sindicato Game Workers Union, ya fuera como miembros activos o por intentar organizar un sindicato dentro de Rockstar. El caso se está llevando a cabo en Glasgow, Escocia, donde el sindicato representa a los trabajadores afectados.
El objetivo de esta audiencia preliminar es determinar si se concede el alivio provisional, una medida que permitiría que los desarrolladores regresen temporalmente a la nómina de Rockstar mientras se resuelve la audiencia completa. El tribunal decidirá esta misma semana si concede o no dicha medida.
En declaraciones a IGN, el IWGB calificó los despidos como un caso de “represión sindical”, afirmando que las decisiones de Rockstar dejaron a los trabajadores y a sus familias sin ingresos, sin estabilidad y, en algunos casos, sin derecho a permanecer en el país. Aun así, el sindicato asegura tener plena confianza en la solidez del caso y afirma que Rockstar habría violado la ley al despedir a 31 de sus miembros.
Por su parte, Rockstar Games niega rotundamente las acusaciones, asegurando que los despidos se debieron a violaciones de acuerdos de confidencialidad relacionados con proyectos no anunciados. La empresa afirma que la información sensible se compartió en un canal público e inseguro con personas externas, incluidos empleados de la competencia y un periodista, y subraya que no se despidió a empleados por apoyar al sindicato, reafirmando su postura de tolerancia cero frente a filtraciones, un asunto que incluso llegó al debate político del Reino Unido, con el primer ministro Keir Starmer calificando el caso como “profundamente preocupante” y reiterando que todo trabajador tiene derecho a afiliarse a un sindicato.
