Sony intentó resolver una demanda colectiva en su contra mediante un acuerdo extrajudicial que incluía una compensación de 7.8 millones de dólares a los demandantes. No obstante, la jueza Araceli Martínez-Olguín bloqueó la propuesta la semana pasada, según reportó Reuters. El plan de la empresa consistía en entregar ese monto como crédito en las cuentas de la PlayStation Store a los afectados.
La demanda acusa a Sony de aplicar precios injustos en sus juegos digitales, argumentando que la compañía ha estado cobrando de más a los consumidores. La jueza consideró que la propuesta no era adecuada, señalando que se trataba de un “acuerdo tipo cupón”, una forma de compensación que suele ser desfavorable para los usuarios. Hasta ahora, ni Sony ni el abogado principal de los demandantes se han pronunciado sobre el fallo, aunque la magistrada permitió presentar una versión revisada del acuerdo.
El conflicto tiene su origen en la decisión de Sony, desde 2019, de impedir que tiendas como GameStop vendan códigos de descarga, lo que según los demandantes le ha dado un control casi absoluto del mercado digital. La empresa justificó su intento de acuerdo como una forma de evitar los costos y complicaciones legales, aunque el tribunal subrayó que cualquier propuesta debe mostrar claramente su equidad y viabilidad.
En paralelo, Sony enfrenta una demanda similar en los Países Bajos, encabezada por la fundación Mass Damage & Consumer. Allí se cuestiona el alza de precios en consolas y videojuegos, especialmente tras el auge de modelos exclusivamente digitales como la PS5. Según la organización, los jugadores están pagando hasta un 47% más por versiones digitales, pese a los menores costos de distribución.
La demanda neerlandesa también critica que Sony obligue a estudios y editoras externas a vender únicamente a través de la PlayStation Store, imponiéndoles condiciones contractuales que les impiden fijar sus propios precios. Esta práctica, según los demandantes, ha causado un impacto económico estimado en 435 millones de euros en la economía del país desde 2013.
Se prevé que haya más información sobre esta última demanda en el transcurso del año, conforme el proceso judicial avance.
